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El presidente Javier Milei decidió implementar una serie de medidas para reconfigurar Comodoro Py, el fuero encargado de investigar casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Entre las acciones previstas se encuentran la cobertura de cargos clave y la posible reducción en la integración de la Cámara Federal de Casación Penal.
En el primer trimestre del próximo año, en los Tribunales de Retiro se implementará el sistema procesal acusatorio, a pesar de que el 31% de los cargos judiciales en ese fuero están vacantes. Además, la actual gestión modificó los requisitos para la designación de jueces, decisiones que impactan directamente en la configuración del fuero más sensible para la política nacional.
Estos cambios se concretan a través del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, cuyo foco principal es Comodoro Py, sede del fuero federal penal donde se tramitan casos de corrupción que afectan tanto a la administración de Milei como a gobiernos anteriores.
Fuentes judiciales califican la estrategia de la Casa Rosada en materia judicial como de “total pragmatismo” y destacan que, mediante decretos y otros instrumentos normativos, se han impulsado cambios sustanciales sin necesidad de un proyecto integral de reforma judicial. Entre esas medidas se incluye la disolución del fuero laboral, resultado de la reforma laboral, y el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
El Poder Judicial sigue con atención estas modificaciones. Uno de los recientes envíos de pliegos al Senado para cubrir vacantes incluye a dos integrantes para la Cámara Federal de Apelaciones: Pablo Bertuzzi, que se desempeña en el cargo de manera provisional, y el juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola.
Estos nombramientos responden también a la decisión del Gobierno de no conceder la prórroga en su cargo al juez Martín Irurzun, quien recientemente cumplió 75 años, límite constitucional para ejercer la magistratura salvo que el Presidente remita su pliego al Senado para extender su mandato por cinco años, trámite que en este caso no se realizó. Así, Irurzun dejó una vacante en la Cámara Federal porteña.
Sin embargo, esta política no se aplicó en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, obtuvo una prórroga hasta los 80 años. Según fuentes oficiales, esta fue una decisión tomada directamente por el Presidente, sin intervención del ministro.
En la Cámara Federal de Apelaciones, tribunal inferior a la Casación, seis jueces conforman esta instancia clave para cualquier proceso penal, y actualmente la mitad fueron designados por la gestión actual. Esta cámara revisa las decisiones de los jueces de instrucción y puede revocar procesamientos o sobreseimientos, ordenar profundizar investigaciones, reabrir expedientes, resolver sobre patrimonios cautelados y sobre la libertad de las personas.
Entre los casos más relevantes en esta instancia figuran la causa $LIBRA, en la que se investiga al presidente Milei y a su hermana; la investigación sobre un circuito de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y otras causas vinculadas a Manuel Adorni, todas de gran sensibilidad para la actual administración.
La atención del Gobierno sobre Comodoro Py no se limita a esta cámara. La Cámara Federal de Casación Penal, paso previo para llegar a la Corte Suprema, debería contar con 13 jueces, pero actualmente presenta cuatro vacantes. El concurso para cubrir estos cargos se realizó hace cinco años y cuenta con un orden de mérito de quince postulantes, aunque este proceso está plagado de impugnaciones y una revisión solicitada a través de un consultor externo, lo que pone en duda sus resultados.
Desde el Ministerio de Justicia se trabaja en un plan para reducir la cantidad de integrantes de la Casación Federal. La iniciativa busca, según el ministro Mahiques, mejorar el funcionamiento del tribunal y permitir que, con una menor cantidad de jueces, no sea necesario cubrir las vacantes existentes. En consecuencia, el concurso celebrado y su orden de mérito podrían quedar sin efecto, según indicó una fuente oficial.
Además, el Gobierno remitió al Senado 26 nuevos pliegos que incluyen cargos en los tribunales orales de Comodoro Py. Estas vacancias forman parte del preocupante 31% de cargos judiciales vacantes en los Tribunales de Retiro, algunos sin cubrir desde hace más de cinco años.
