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Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) S.A. es una empresa pública de servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, cuyos accionistas son el Estado nacional en un 90% y sus propios empleados, con el otro 10%.
El Gobierno anunció este viernes que se procederá a la privatización del 90% del capital, que adquirió el Estado en 2006 tras la estatización de Aguas Argentinas, manejada hasta entonces por un consorcio liderado por la compañía francesa Suez. Ese fallo fue finalmente pagado durante el gobierno de Mauricio Macri.
La historia de AySA, ex Aguas Argentinas
El proceso liderado por el gobierno de Javier Milei pretende emular al de Carlos Menem y Roberto Dromi en la década de los 90, cuando el servicio público de Obras Sanitarias de la Nación fue concesionado en 1993 al grupo francés Lyonnaise des Eaux (Suez).
En ese tiempo se desarrollaba la reforma del Estado y una ola de privatizaciones de la telefonía, las rutas, el correo, los trenes, Aerolíneas Argentinas, YPF, el gas y la energía eléctrica, entre otros.
La intención en aquel entonces, como ahora, era eficientizar el manejo de los servicios públicos, correr al Estado para que gestionen mejor los privados, que no haya gasto público ni subsidios y conseguir divisas de inversiones extranjeras para financiar un programa económico basado en un ancla cambiaria (dólar estable) para controlar la inflación.
Una década y media más tarde, crisis de la Convertibilidad y cambios de vientos regionales mediante, una ola estatizadora de Néstor Kirchner revirtió parte de las privatizaciones, entre ellas la del servicio de agua y cloacas.
Por esa rescisión de contrato, la ex concesionaria fue al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, contra la Argentina. Y, en 2017, obtuvo un fallo definitivo (tras una apelación de Argentina) a favor por 384 millones de dólares.
Del déficit de empresa pública al superávit
Con gobiernos que decidieron que las tarifas no reflejaran los costos de los servicios como política para distribuir ingresos y controlar la inflación, AySA fue una de las tantas empresas estatales que tuvo un resultado negativo en sus operaciones (déficit) permanentemente entre 2008 y 2023.
En septiembre de 2022 empezó una etapa de aumento de tarifas y recorte de subsidios durante la gestión de Malena Galmarini, la esposa del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que se profundizó con la llegada de Milei, decidido a eliminar los subsidios.
El año pasado la suba de tarifas alcanzó el 317% (se multiplicaron por 4,17 veces), frente a una inflación que punta a punta acumuló 117,8% y salarios que también quedaron relegados. Así, obtuvo un resultado positivo (superávit) por sus operaciones de $ 48.288 millones en 2024, equivalente a unos 50 millones de dólares.
Según fuentes externas a la empresa, también hubo un ahorro de $ 650.000 millones en inversiones no realizadas en obras, cifra significativa para explicar el superávit, mientras se recortó personal y gastos en vehículos y mantenimientos.
En los primeros tres meses de 2025, según reportó la Secretaría de Hacienda, AySA tuvo un superávit económico de $ 51.745,3 millones, que se convirtió en un déficit financiero de $ 10.420,6 millones tras los gastos de capital (inversiones).
AySA es uno de los principales grandes usuarios industriales de energía eléctrica y tiene como principal proveedor a Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti que fabrica el cloro para las plantas potabilizadoras.
La superficie de concesión de AySA es de 3.363 kilómetros cuadrados. Allí atiende a 11.238.106 personas.
NE
